Carta de los Derechos Humanos a Danilo Medina exigiendo cese de los desalojos
Santo Domingo, D.N.
15 de mayo del 2019
Señor
Danilo Medina
Presidente de la República
Palacio de la Presidencia
Su despacho
Ciudad.
Asunto. Cese inmediato de desalojos
forzosos en toda la geografía nacional
Excelentísimo Sr. Presidente
Los dirigentes y miembros de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, representantes de varias filiales de nuestra
organización a lo largo de la geografía nacional reunidos aquí frente al
Palacio de la Presidencia, le solicitan que disponga el cese inmediato de
los desalojos forzosos que se están llevando acabo de forma indiscriminada en
todo el país.
Este año ha sido sin dudas un año negro
por el gran número de desalojos que se han registrado, donde la región más
afectada ha sido la Región Este del país.
En esta región en el
transcurso del año y por todo el año pasado, hemos en varias
ocasiones, rechazado y condenado los desalojos ilegales y el
acaparamiento de tierras que se han realizado y que se plantean realizar
con la complicidad de los abogados del Estado y autoridades, para
favorecer a terratenientes que se quieren adueñar de las tierras del Estado
dominicano.
Podemos decir sin temor a ser
desmentidos, que en la región Este del país, se está
actuando un plan para que terratenientes locales se adueñen de tierras del
Estado desalojando ciudadanos y campesinos que las habitan y trabajan desde
décadas.
Entre varias situaciones que estanos
monitoreando y denunciando desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le
señalamos la de los sectores de Villa Maranatha II y del barrio
México de San Pedro de Macorís donde los desalojos se realizan sin orden de un
tribunal y contra moradores que están beneficiados por un compromiso de venta
de ese terreno con el Cea, mientras que algunos políticos supuestamente
en complicidad con autoridades intentan adueñarse de ellos.
Señalamos también la situación de Boca de
Yuma del año pasado donde moradores del lugar y regidores estuvieron lanzados a
la calle en rechazo a los desalojos autorizados por el abogado del Estado en
contra de uno de los sectores más vulnerables y más humildes de esta
demarcación, gestionado por el presidente del PLD de la provincia de la
Altagracia, el Dr. Pedro Rojas Morillo el cual en confabulación con un
terrateniente quieren adueñarse de una porción de tierra ubicada en la parcela
92-HD/C 10 de este lugar.
La misma está de hecho ocupada por una
gran cantidad de familias de escasos recursos por más de 20 años donde existen
más de 100 viviendas y la ocupan unas 300 personas y le fue otorgada por el
mismo ayuntamiento en la pasada gestión.
Reiteradas veces hemos denunciado en San
Francisco de Vicentillo, El Seibo el despojo de tierra
a manos de Pedro Guillermo Varona, conocido como “el cubano”, quien
pretende acapararse de más de 40 mil tareas de tierras a pesar de tener un
título de propiedad por apenas mil tareas de tierras y quien tiene la policía y
el ejército trabajando para sus intereses.
Allá los campesinos de esa comunidad
rural han sido sometidos a varios atropellos durante los desalojos. Denuncian
además que uno de los jóvenes de la comunidad, Amaury Rijo, fue torturado
cruelmente el día 25 de octubre del año pasado por allegados del tal “cubano”.
Estos campesinos llevan luchando 45 años
por las tierras que les corresponden por decreto presidencial, ya que les
fueron entregadas en 1973 por Joaquín Balaguer.
Sabrá Usted, señor Presidente, también
de los desalojos forzosos e ilegales que se están llevando a cabo casi
semanalmente en el Gran Santo Domingo, donde con toda responsabilidad podemos
decir que se están ejecutando de forma ilegal, respondiendo a intereses
personales de políticos o personas influyentes, quienes usan la fuerza de
seguridad publica en estas tareas.
Es más, hemos llegado a tener que
ver que privados de libertad de la cárcel de la Victoria han sido
utilizados en el desalojo realizado el pasado sábado en los Alcarrizos, lo que
es absolutamente ilegal, hecho que ya hemos denunciado a los organismos
internacionales, y donde se han tumbado casas de más de 500 familias cuyo
expediente estaba en un tribunal en espera de un fallo.
No puede no haberse enterado señor
Presidente de lo que está pasando en los sectores de la Ciénaga y de los
Guandules, donde los moradores del lugar lamentan el hecho de haber
recibido el cheque de la indemnización solo en el momento que le ha sido
tumbada su vieja casa, además de la insuficiencia del mismo, que no les permite
una reubicación, y condenan además “la imprudente y violenta forma en que los
militares que envía Urbe van a las 6:00 de la mañana a desalojar las
viviendas”. Explicaron que tienen niños pequeños, que no pueden
buscar casa de un día para otro, al igual que los que viven con personas
mayores o con alguna condición especial, por lo que exigen un aviso “con
anticipación”, sin tener en cuenta el hecho de que la gran mayoría de estos
pobladores son trabajadores informales que en esos barrios, pagando alquileres
muy muy bajos, habían logrado sobrevivir aunque en un entorno insalubre y
peligroso en temporadas de lluvias.
Le recordamos, distinguido Presidente
que la obligación de los Estados de abstenerse de los desalojos forzosos
y de proteger contra los desalojos de los hogares y de la tierra se deriva de
varios instrumentos jurídicos internacionales que protegen el derecho humano a
una vivienda adecuada y otros derechos humanos conexos. Entre éstos figura la
Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño,
entre otros instrumentos internacionales.
Los desalojos forzosos constituyen graves
violaciones de una serie de derechos humanos internacionalmente reconocidos, en
particular los derechos humanos a una vivienda adecuada, a la alimentación, al
agua, a la salud, a la educación, al trabajo, a la seguridad de la persona, a
la libertad de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y a la libertad de
circulación.
La República Dominicana, el país que Usted
gobierna señor Presidente, no puede quedarse una y otra vez al
margen de la normativa internacional en materia de derechos humanos.
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