A LUCHAR POR LA TRANSICION DEMOCRATICA
Por Tulio Pimenentel
Desde el ajusticiamiento de Trujillo la sociedad dominicana tiene pendiente operativizar una transición política democrática más allá del paso formal de la dictadura a la democracia electoral. Y es que de hecho en el país se ha ensanchado, toda una cultura y practica propia del trujillato tanto en el estado sus instituciones y la sociedad misma.
El gobierno de Juan Bosch, promovió la constitución del 63, como posibilidad concreta de ir desbloqueando las trabas impuestas por la dictadura, pero las fuerzas oligárquicas locales con apoyo de Estados Unidos abortaron ese proceso, que al momento había garantizado borrón y cuenta nueva, figura funesta que gravitara en detrimento de la memoria, la verdad y el desarrollo democrático del país.
Con el régimen de los doce años (1966-1978) de Balaguer, el país retorna a las prácticas de violación sistemática a los derechos humanos, las libertades políticas, sindicales, de organización y hasta de la libre expresión y difusión de pensamiento. El terror, asesinatos,
encarcelamientos y deportación de opositores, la corrupción, los privilegios, concentración de riquezas, la superposición de Balaguer sobre todos los sectores de la vida nacional, aunque subordinado a los Estados Unidos, llegaron a un punto en que ya no era posible continuar gobernando bajo un esquema autoritario justo cuando a lo interno emergían nuevos actores burgueses y de las clases medias que requerían de nuevas reglas y en el contexto global se reivindicaba el respecto a los derechos humanos.
La necesidad de un cambio político y sin violencia había ganado el sentido de la ciudadanía y las amplias mayorías nacionales permitiendo en mayo del 1978, que el PRD y el hacendado Antonio Guzmán desplazaran del poder a Balaguer, abriéndose un periodo de mayor apertura política, libertad a los centenares de presos políticos, el retorno de los exiliados, la libertad sindical, derogación legislación anticomunista, se reduce la politización de los militares creándose todo un ambiente político más favorable al desarrollo del país y la participación social.
No obstante, las expectativas de motorizar un proceso de redemocratización de la sociedad no fueron satisfecha en 8 años corridos del PRD, ese partido quedo atrapado en las luchas internas, se desconecta de la base social popular, prueba el néctar de la corrupción, practica el clientelismo, se somete a las políticas neoliberales del FMI, y la verdad es que no pudo avanzar en la institucionalidad y democratización del régimen político aun dentro del propio orden.
Con la llegada al gobierno del PLD primero Leonel Fernández y luego Danilo Medina cubriendo 20 años (1996-2000 y desde 2004-2020), el país político esperaba que un partido fundado por Bosch y con este en vida daría curso a la misión asignada de completar la obra de Juan Pablo Duarte, acabar con la ignorancia, la miseria, el atraso económico y social, la dependencia, el desorden político e institucional y en especial con la corrupción en la administración pública.
Muy al contrario, el PLD introdujo una nueva era o régimen político corporativo cuyo eje fue la acumulación de riquezas a partir del presupuesto de la nación y las ventajas del poder, el desorden institucional, el control de los diferentes estamentos del estado, el grosero endeudamiento externo, el masivo programa de construcciones sin un orden racional de prioridades, el desconocimiento de la oposición y sociedad civil, la burda manipulación de la asistencia social y sobre todo por el clima generalizado de corrupción e impunidad para sus dirigentes y familiares como su norte al frente del gobierno en sus diferentes dependencias.
Nunca como ahora desde la democracia electoral imperfecta, los dominicanos del patio y del exterior, nos habíamos jartado del modelo impuesto y saboreado la necesidad y el deseo en derrotar a un partido político tan perverso que siempre se consideró estar por encima del bien y el mal, donde nadie fuera de ellos estaba en capacidad de dirigir este país.
Por eso la sociedad dominicana toda a una se empodero dijo ya basta, y recogiendo las luchas anteriores: justicia fiscal, 4% para educación, las cadenas humanas, loma miranda, lucha contra los fraudes electorales y las marchas verdes contra la corrupción e impunidad, la plaza de la bandera, decidió canalizar electoralmente vía el opositor PRM y su candidato Luis Abinader, la derrota electoral y política del PLD y su cúpula corrupta.
Sin desconocer el carácter sistémico del PRM y su autodefinición de liberal y socialdemócrata, lo cierto es que la sociedad compro la oferta de un cambio político no tan solo de un partido por otro al frente del gobierno. Un cambio que garantice justicia independiente, inicio proceso fin de la corrupción e impunidad, adecentar la administración pública, detener el desorden institucional, los privilegios de funcionarios, la política de endeudamiento, un modelo económico que priorice la producción y creación de empleo de calidad, políticas públicas incluyentes como derechos entre otros.
El desplazamiento del PLD, en cuatro niveles de elección, sugiere que a partir del 16 de agosto el país asiste a un nuevo ciclo de recambio político aun dentro del propio sistema dominante cuyos alcances va a depender de la relación de fuerzas dentro del propio gobierno y la incidencia de los distintos actores de poder, la actitud que asuma la oposición desplazada (bloque PLD-FP), así como a la capacidad de presión y movilización de la sociedad civil, movimientos sociales, progresismo e izquierda dominicana.
En ese marco sugerimos pensar para esta nueva coyuntura que se inicia una táctica de lucha oportuna, realista, flexible, siempre en la perspectiva de acumular para las próximas batallas sociales y políticas por venir.
Esa táctica se sintetiza en la consigna ¡POR UNA TRANSICION DEMOCRATICA CONPARTICIPACION POPULAR!, en el entendido que la sociedad debe liquidar lo más posible toda la cultura y práctica política heredada de Trujillo, Balaguer y reafirmada por el PLD, hoy presente en la constitución, en muchas leyes y en el modo en que opera la burocracia estatal.
La misma se sustenta en tres pilares:
1.-La articulación desde lo social a partir de las demandas locales poniendo énfasis en las promesas electorales de las alcaldías que resultaron ganadoras y del mismo gobierno central que se relacionen y beneficien el desarrollo del territorio. La creación de nuevos tejidos sociales organizativos y su coordinación desde abajo y la base es básico para la recomposición de la resistencia ciudadana por el derecho a una vida digna y la vigilancia para que el gobierno cumpla y no se equivoque. Pero también para ir empoderando y visibilizando ante los munícipes a los futuros representantes en esas instancias locales.
2.-Presionar ahora primero por reformas posibles priorizando el tema de la justicia independiente en sus dos componentes ministerio público y poder judicial, que persiga el delito condene a los culpables sin distinción. El adecentamiento y reordenamiento de la administración pública, inversión productiva, justicia fiscal, gasto publico racional, política social incluyente, seguridad ciudadana, leyes electorales y de partidos democráticas, así como en lo atinente a composición y escogencia de los órganos electorales entre otras.
Un segundo aspecto seria introducir la figura de la asamblea constituyente electa por voto universal y representación calificada de todos los actores nacionales para una reforma profunda a la actual constitución que la ponga a tono con la época actual superando todos los rastros antidemocráticos incluyendo el modelo presidencialista y que la misma al final sea validada por un referéndum. La eliminación de los privilegios a los legisladores debemos asumirla como un argumento solido de porque la reforma a la constitución no debe ser asumida por una asamblea revisora (juez y parte) sino exclusivamente por una constituyente.
3.-La articulación de la corriente progresista en un proceso de ganar- ganar, que le permita socializar una valoración política critica de los resultados electores su propia inserción en la misma, definiendo una línea de oposición activa al gobierno del PRM consciente de que en la cancha está el bloque PLD-FP que por separado trataran de ocupar la principalía opositora.
El progresismo debe redefinir su código identitario, atreverse a hegemonizar la oposición social y política al nuevo gobierno y en ese mismo proceso ir prefigurando una plataforma política unitaria que le permita dar un salto cuantitativo y cualitativo asumiendo a tiempo la futura batalla electoral del 2024. El mismo tiene ante sí una brillante oportunidad de constituirse en una tercera fuerza política si actúa con inteligencia considerando el carácter de clase dominante y las enormes limitaciones que encontrara el gobierno del PRM y Luis Abinader, para cumplir sus promesas, así como también dado el descredito político del adversario bloque PLD-FP.
Desde el periódicoTrinchera Unitariahemos sugerido la creación de una mesa de diálogo para acometer esas tareas conscientes que sin evaluación critica se corre el riesgo de continuar cometiendo los mismos errores y desunidos peor aún.
Sin base organizada, sin pueblo educado y movilizado social y políticamente tanto el progresismo como la izquierda radical con sus tácticas respectivas no tienen posibilidades en este país de mover adelante la rueda de la historia.
Impulsemos juntos las reformas posibles hoy, por una transición democrática con participación popular, acumulemos fuerzas, animemos las luchas partiendo de la subjetividad popular y vamos a construir las fuerzas necesarias para un cambio político realmente alternativo.
Agosto 2020
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