Denuncian que Gobierno de Duque impone trabas a acuerdos de paz
Sectores políticos colombianos han
acusado al Gobierno del presidente Iván Duque de poner obstáculos a
cumplimiento de los Acuerdos de Paz firmados
en 2016 entre el Estado colombiano y las
exrebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Una de las trabas más importantes por parte
del presidente Duque es el conjunto de objeciones a la Ley Estatutaria de la
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuando esa norma ya había sido objeto
de control por parte de la Corte Constitucional, se denuncian en una reciente
carta enviada a las Naciones Unidas (ONU) por parte de exnegociadores de los
acuerdos de paz, intelectuales y académicos.
El
mandatario colombiano hizo seis objeciones que pretendían modificar los
artículos de la Ley que regulan en materia de extradición de terceros,
reparación de víctimas, práctica de pruebas para extradición, entre otros
puntos. Sin embargo, a principio de mayo los legisladores, en votación,
rechazaron por mayoría esas observaciones.
El miércoles 29 de mayo, la Corte
Constitucional de Colombia ordenó al presidente que sancione la Ley Estatutaria
de la JEP, al corroborar la existencia de quórum el pasado 2 de mayo durante el
debate realizado en el Senado para rechazar las objeciones de Duqu.
Caso Santrich, dilatan
su liberación
El caso del exjefe rebelde Jesús Santrich, y ahora líder del partido Fuerza
Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), se ha visto como otro obstáculo
impuesto por el Gobierno al proceso de pacificación.
Santrich fue arrestado en abril de 2018 para fines de extradición a Estados
Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico, sin embargo la JEP determinó
que el exinsurgente tiene la garantía de no extradición incluida en los
acuerdos de paz, por lo que ordenó su liberación.
El dirigente del partido FARC salió de la cárcel el pasado 17 de mayo
brevemente, para ser recapturado con nuevos cargos. Ayer miércoles, la Corte
Suprema de Justicia de Colombia ordenó la liberación inmediata del congresista
por el partido FARC.
Su liberación no ha procedido debido a que, según el fiscal delegado, se
verifica si no existen órdenes de la Interpol, algo que sectores políticos
consideraron una maniobra dilatoria.
Inseguridad
La incapacidad de Estado colombiano para garantizar la seguridad en el
país, sobre todo en las zonas rurales, ha resultado en el asesinato de 252
líderes sociales en 2018, más que la cifra reportada en 2017, de 191, según un
recuento del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz.
El partido FARC reveló en días pasados que 130 de sus antiguos combatientes
fueron asesinados desde la firma de los acuerdos de paz.
Incumplimiento social
Para Julián Gallo Cubillos, excomandante rebelde y ahora senador por el
partido FARC, el gobierno de Duque “no ha cumplido sus promesas, ya sea la
reincorporación de los antiguos combatientes, el desarrollo agrario o las
reformas políticas”.
En los acuerdos se incluyeron los objetivos de mejorar la vida de la
población de las zonas rurales, donde operaban las FARC. Sin embargo, persisten
los rezagos sociales, sostienen líderes exrebeldes.
Un asesor del gobierno, Emilio Archila, observó que dotar a esta población
de los servicios básicos (agua potable y electricidad) comprometidos en los
acuerdos llevará más de una década debido a los daños que las áreas rurales
sufrieron por la guerra interna.
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