Gobiernos del PLD condenan a la apatridia a dominicanos de ascendencia haitiana

Por Antonio Polo

El Estado Dominicano ha tomado una decisión política de no acatar las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CDH), en un contexto donde el respeto de  los  derechos humanos en la República Dominicana está en franco deterioro, no solo por los serios desafíos que enfrenta en materia de discriminación social y los derechos a la nacionalidad, la personalidad jurídica, el nombre, la identidad que se agudizó con el impacto de la sentencia del Tribunal Constitucional TC/0168/13,emitida el 23 de septiembre de 2013.

También en el marco de una situación generalizada de pérdida de derechos: a la salud, al trabajo, a la buena alimentación, la seguridad ciudadana, la vivienda, la educación pública de calidad, lo que afecta a todos los dominicanos y dominicanas que no son altos funcionarios del gobierno, la clase media alta y los empresarios, es decir los no afectados por las graves violaciones de derecho son los privilegiados  del país.

El desacato de las decisiones jurídicas de la CIDH se produce para seguir  enarbolando el seudo nacionalismo como recurso político-ideológico y electoral para continuar confundiendo a la población más desfavorecida que es la inmensa mayoría del pueblo dominicano.

Esa posición también es para el gobierno ponerse  en sintonía “servilesca” con el Presidente Trump en lo referente a  las violaciones de las normas del derecho internacional a fin lograr intereses particulares, y ponerse a tono con los gobiernos derechistas  que han ascendido al poder en varios países en América del Sur siguiendo la política del imperio en materia migratoria.

Además, es una manera de impedirle también al pueblo dominicano el acceso a la justicia internacional, cuando le falla el sistema de justicia interno debido al alto grado de control político  de las altas cortes.

La polémica que se ha generado a la luz de la resolución para dar cumplimiento a las sentencias emitida por la CIDH y la obligación del Estado Dominicano de acatar las decisiones judiciales emitidas por él mismo, no se justifica desde el punto de vista jurídico-legal, debido a que el artículo 78 de la convención  Americana sobre Derechos Humanos, del 22 de noviembre de 1969, establece el procedimiento para que un Estado miembro se retirare del sistema y eso no se ha hecho.

La sentencia NO.256-14 de Noviembre 2014 del Tribunal Constitucional de no competencia de la CIDH sobre el país sabiendo que ese no es el procedimiento, pero que si responde a una posición política para producir el desacato.

Además, la constitución dominicana en su artículo 74, numeral 3, establece: los tratados , pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado Dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado.

También, para entender el carácter de la posición política del desacato de las decisiones de la CIDH, hay que leer los artículos 2 y 3 de la Ley orgánica del  Tribunal Constitucional, Ley 137-11, referente al objeto y alcance  y fundamento normativo  que integra el bloque  de Constitucionalidad.

El pueblo dominicano debe saber que estamos viviendo en un contexto donde la potente industria de la comunicación en manos de las grandes corporaciones al servicio del poder establecido convierten  la mentira en verdad para confundir a la grandes mayoría y lograr así sus objetivos políticos, no para beneficiar al pueblo sino para perpetuarse en el poder.

En el contexto actual el continuismo y el conservadurismo político está apelando a todos los recursos políticos para lograr sus objetivos, y el seudo nacionalismo es una de esos recursos que el poder dominante a través  de los gobiernos de turnos utilizan para entretener al pueblo y ganarse su simpatía y de esa manera  seguir con la corrupción y la impunidad.

De todas forma, el pueblo debe entender que el país se encuentra en esa situación por la decisión retrógrada, atrasada y entreguista de los gobiernos del PLD, encabezados por Leonel Fernández y Danilo Medina, a través de la decisión del Tribunal Constitucional que condenó a la apatridia a miles de ciudadanos dominicanos hijos de nacionales haitianos que hoy no portan documentos de identidad, viviendo en un limbo jurídico que les ha convertido la vida en un infierno.