POR LA IGUALDAD DE GÉNER
Trinchera Unitaria en su condición de medio de comunicación que promueve
todas las iniciativas tendentes a la construcción de una sociedad donde impere
la justicia y la igualdad de oportunidades para todas las personas, sin importar raza, edad, nacionalidad, sexo o
condición de discapacidad, se une a las voces que aplauden y defienden la
promulgación de la Orden
Departamental 33-2019 mediante la
cual se establece como prioridad el diseño
e implementación de la política de igualdad de género en el Ministerio de
Educación.
La manipulación que se ha hecho de una
propuesta de política educativa tan necesaria en nuestro país, solo puede venir
de sectores o grupos sociales que prefieren concentrarse en la defensa de
preceptos ideológicos y religiosos que han dominado por siglos las sociedades
humanas y a los que por lo tanto se
atribuyen la creciente violencia y opresión social general, en particular de
las mujeres. Las concepciones de familia, paternidad y maternidad que promueven
estos sectores no hacen más que legitimar conductas opresivas y de
subordinación que devienen en una multiplicidad de problemas sociales y
económicos de nuestra sociedad
La idea de
masculinidad hegemónica, del hombre como referente universal de lo humano, que
todo lo puede, fuerte, protector y proveedor, tiene múltiples inconvenientes,
no se ajusta a la realidad, conduce a comportamientos no asertivos, identidades
insanas y frena el desarrollo humano equitativo (Tapia, 2019). La masculinidad, fundamentada
en patrones de denominación y control,
como sinónimo de éxito del hombre, tanto
en el ámbito público como en el privado, ha sido causante de desigualdades
e inequidades que sufren tanto las mujeres como los propios hombres. Esta noción
de masculinidad frena e impide que niños y hombres formen
relaciones asertivas y respetuosas. Les enseña a no pedir ayuda o mostrar sus
emociones, y en lugar de eso, se les induce a comportarse como violentos,
impositivos y maltratadores, mientras a las mujeres se les enseña a ser
débiles, sumisas, dependientes y aguantadoras de maltratos.
Las
cifras sobre daños y problemas sociales que genera esta situación son más que
elocuentes. Según el Centro de
Estudios de Genero del INTEC (CEG-INTEC), la República Dominicana es el tercer
país con la tasa más alta de feminicidios de la región, de hecho, durante los
últimos 10 años el promedio de feminicidios (íntimos y no íntimos) es entre 150
y 200 por año. “La violencia de género es el delito más denunciado en el
sistema de justicia”, sin embargo, muy pocas denuncias son judicializadas y solo el 2% culmina en
sanción penal. A esta realidad se suman los hogares con menores víctimas de
feminicidios, traumatizados y con su condición de vulnerabilidad exacerbada,
aumento de niveles de pobreza, uniones tempranas, entre otros.
La Orden Departamental 33-2019 se propone abordar todas estas
limitaciones en el ámbito escolar. Por lo tanto, no intenta promover en lo
absoluto la llamada Ideología de Género,
que según se dice promueve la apertura al tema de la opción sexual. Con esta
orden se pretende sentar los cimientos para la igualdad de derechos y
oportunidades de hombres y mujeres, de disminuir asimetrías y cerrar brechas limitantes
del desarrollo: empleos y salarios dignos, participación política, entre otros.
La política de Igualdad de Género no constituye amenaza a
la sociedad ni a su bienestar como dicen sectores conservadores y
ultraderechistas de nuestro país, todo lo contrario, la amenaza, el peligro, el
daño a la sociedad está en la profunda inequidad de género existente.
Los sectores que se oponen al diseño e
implementación de esta política no representan a la mayoría de la población
dominicana que ve pasar los días con oportunidades de acceso y control de
recursos totalmente limitadas, pero además, desconocen mandatos legales
fundamentales que deben ser tomados en cuenta actualmente para el diseño de
todas las intervenciones dirigidas al desarrollo del país:
-
Ley 1-12. Estrategia Nacional
de Desarrollo. Art. 12.
-
Ley 66-97 o Ley General de
Educación, Art. 5, inciso C.
-
Resolución 3599-2014.
-
Reglamento Orgánico del
Ministerio de Educación de la República Dominicana.
-
Política y Planes Nacionales
de Igualdad de Género construidos con participación de una multiplicidad de
instituciones públicas y privadas lideradas por el Ministerio de la Mujer, en
su calidad de órgano rector.
-
Objetivos de Desarrollo
Sostenible 4 y 5.
-
Múltiples acuerdos
internacionales suscritos
Las instituciones sociales, políticas y religiosas deben
comprometerse a promover el cumplimiento de lo que establece la propia
Constitución, la Estrategia Nacional de Desarrollo y los compromisos que el
país ha contraído en esta materia.
La Estrategia Nacional de Desarrollo
contiene 37 líneas de acción en tres de sus cuatro ejes que promueven la
transversalidad de género y acciones afirmativas que contribuyen a erradicar problemas
como el embarazo en adolescentes, la violencia intrafamiliar, la violencia
infantil, el desamparo de las personas envejecientes, y para esto se requiere
que el Estado trace políticas de inclusión social.
Resulta paradójico que la República
Dominicana sea uno de los países más exitosos cuando se mide por el crecimiento
del producto interno bruto o la estabilidad macroeconómica y que sin embargo exhiba
indicadores alarmantes cuando se mide el desarrollo por aspectos como
mortalidad materna e infantil, violencia contra las mujeres, entre otros.
Más allá de cualquier reduccionismo ideológico o relativismo uniformador,
la sociedad está llamada a transformar
positivamente los desafíos actuales en oportunidades que propendan a la
igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas.


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